Estaba
yo tan tranquilo con el blog cerrado por vacaciones, cuando me llegó
una entrada de Teresa de Leyendo en el bus (ver AQUÍ)
donde nos comunicaba que el gobierno había vuelto a actuar con
vacacionalidad y alevosía (hay que reconocer que es una herencia
recibida de todos los gobiernos anteriores que aprovechan siempre los
periodos de vacaciones para publicar sus decretos más controvertidos
o antipopulares) publicando un nuevo decreto (ver AQUÍ)
Bajo
la excusa de conseguir “el
desarrollo reglamentario del derecho de remuneración a los autores
por los préstamos de sus obras en determinados establecimientos
abiertos al público”
lo que termina diciendo es que se crea un nuevo pago a las
bibliotecas (exentas las de instituciones de enseñanza y las de
pueblos de menos de cinco mil habitantes) por el préstamo de libros.
Es
la propia biblioteca la que tiene que atender al pago de dicho canon.
Un canon que varía en función del número de usuarios
efectivos y de las obras que tengan a disposición de los mismos. O
dicho de otra manera, aquellas bibliotecas que hayan realizado bien
su labor, tengan un elevado número de usuarios y un fondo
bilbiográfico más amplio (al usar sus fondos para comprar libros y
no para gastarlo en eventos sociales) serán las que más tengan que
pagar.
A
las bibliotecas no les van a quedar más que dos opciones: o
repercutir dicho coste en sus usuarios (cobrando por el préstamo de
libros o por la inscripción en la biblioteca) o aminorar sus costes
por otras vías (despedir empleados o comprar menos libros)
El
resultado en cualquier caso será el mismo: un empobrecimiento de las
mismas, o incluso el cierre de algunas.
Hay
que dejar claras algunas cosas: No es algo que el gobierno se haya
sacado de la manga, sino que viene (más o menos impuesto desde
Bruselas). Ahora bien, el gobierno podía haber optado por ser el
mismo el encargado de pagar dicha cifra dentro de sus presupuestos.
No
hacerlo supone un apretón más a los delicados presupuestos de
muchos municipios (que suelen ser finalmente los que tienen a su
cargo las bibliotecas).
¿Os
extraña? A mi personalmente no, porque el tema viene de más atrás.
La alcaldesa (no electa) de Madrid hace ya un año a propósito de la
no apertura de una biblioteca en Madrid por falta de personal para
atenderla, ya dijo que algunos servicios públicos podrían ser
atendidos por personal voluntario. Para a continuación rematar el
tema diciendo que había que conseguir que los servicios públicos (y
hablaba de bibliotecas), fueran rentables.
¿Que
se entiende por rentable? ¿Dar beneficios?
¿Qué
tipo beneficios? Porque se entiende que el beneficio de una
biblioteca es conseguir que la población tenga mayor cultura y
conocimientos. Pero mucho me temo que este gobierno solo habla de
beneficios económicos.
Siguiendo
ese razonamiento ¿también tienen que conseguir beneficios algunos
servicios públicos como los bomberos o la policía (preparémonos en
ese caso para pagar multas permanentemente con la que financiar dicho
cuerpo)?
Si
en algunos casos este gobierno pretende hacernos retroceder a finales
del siglo XIX, en este caso parece que el salto es aún más atrás,
hasta
la Edad Media, en la que el saber estaba en manos de unos pocos: la
Iglesia y la nobleza. El pueblo permanecía sin formación, el mejor
sistema para mantenerlo dominado.
¿Conseguirá
su propósito este gobierno? ¿Alguien se cree que ese dinero será
repartido justamente entre los autores? ¿Acaso quieren los autores,
presuntos beneficiados de este decreto, recibir dinero a costa de sus
lectores? ¿Tendrán que crearse bibliotecas como si de una ONG se
tratase para que la cultura se siga transmitiendo?
Permaneceré
atento a las propuestas que en la red (hoy por hoy el gran enemigo de
los que quieren abusar de su poder) para manteneros informado y ver
la manera de que no se perpetre este disparate.
Y
ya, sin más, vuelvo a mis vacaciones blogueras hasta la última
semana de agosto.
(Nadie como el gran dibujante Quino para resumir algunas situaciones)